La Ley de Transparencia entra en vigor mañana en comunidades y ayuntamientos.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entrará en vigor mañana para las comunidades y ayuntamientos, dos años depués de su aprobación, a finales de 2013, cuando sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos. Para evaluar el cumplimiento de la ley, el Consejo de Transparencia va a crear un grupo de trabajo para acordar un sistema de medición único, basado criterios homogéneos, que sirva para analizar cómo se comportan las tres administraciones en todos los territorios.

De momento, únicamente tres de las 17 comunidades han creado los equivalentes autonómicos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estatal (Murcia, Cataluña y Canarias), mientras que cuatro han decidido delegar esta labor en organismos ya existentes (la Comunidad de Madrid ha pasado la tarea al Consejo Consultivo, Galicia y Navarra se la han encargado a su correspondiente Defensor del Pueblo, al igual que Castilla y León que creará también un Comisionado de Transparencia). En el caso de Andalucía, País Vasco, Aragón y la Comunidad Valenciana aseguran haber decidido qué organismo se encargará de velar por el cumplimiento de la ley, pero aún no los han activado, y el resto aún no han definido qué organismo garantizará la transparencia.